El Congreso de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que permitirá asegurar su sostenibilidad aportando las señales adecuadas para la electrificación y certidumbre a las inversiones al mismo tiempo que pretende reducir la factura eléctrica de los consumidores.

El fondo tendrá una implementación gradual durante cinco años que permitirá financiar y redistribuir entre todos los vectores energéticos los costes que antes solo estaban asociados al sector eléctrico como los costes fijos del fomento de las energías renovables, la cogeneración de alta eficiencia y la valoración energética de los residuos (RECORE).

Este fondo, que estará gestionado por el IDAE, establece un nuevo sistema de reparto más parecido a modelos como el de Francia o Alemania, que permitirá reconfigurar la financiación de esos costes regulados, equilibrando el balance entre costes e ingresos.

El fondo se nutrirá de las aportaciones de los operadores de los sectores energéticos definidos como sujetos obligados de la recaudación de tributos regulados en la ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética así como de los ingresos procedentes de subastas de CO2.

Reducción de la factura de factura eléctrica

Para poder garantizar la equidad y redistribución justa de las rentas, el fondo dispondrá de unos mecanismos con exenciones y compensaciones destinadas a aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y evitar así el doble cómputo en usos intermedios de la energía. Será, además, socialmente progresivo, de forma que la bajada del precio de la electricidad, estimada en un 13% (antes de impuestos)  en cinco años, beneficiará especialmente a los hogares con menores ingresos y expuestos a la pobreza energética.

El mismo día que se aprobaba este proyecto de Ley también se inició la tramitación de un anteproyecto de ley para compartir el beneficio del coste de CO2 entre todos los consumidores y reducir así la factura de electricidad.

Con esta ley el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico pretende dividir el dividendo que reciben las centrales no emisoras de los costes de CO2 en el mercado de los derechos de emisión y poder corregir así el encarecimiento de la factura eléctrica de las últimas semanas originado por la alta cotización de los derechos de emisión en el mercado comunitario.

De lo que se recaude, un 90% irá destinado a financiar los costes regulados de las energías renovables, reduciendo los cargos pagados por los consumidores, y el otro 10% irá a políticas de lucha contra la pobreza energética. Esta actuación se calcula que permitirá reducir la factura de los hogares un 4,8% y de la industria 1,5%.

FUENTE: MITECO y Asociación de Empresas de Eficiencia Energética