La Comisión Europea presentó este miércoles un titánico paquete legislativo en materia de transición verde que afectará a todos los ámbitos de la economía y la sociedad y que servirá para articular durante la presente década el camino que debería seguir la UE para desprenderse definitivamente del dióxido de carbono (CO2) en 2050. “La emisión de CO2 debe de tener un precio”, dijo a modo de resumen la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la presentación del plan.

El Ejecutivo comunitario, en su propuesta Fit for 55, en referencia al objetivo de reducir las emisiones en 2030 al menos en un 55% respecto a 1990, da a conocer varias medidas de calado, como la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035 e ir reduciendo su impacto medioambiental hasta entonces; nuevas tasas impositivas al carbono; la obligatoriedad de que los edificios de viviendas sean sostenibles; y que un 40% del consumo bruto de energía provenga de las renovables, entre otros puntos.

Las 12 iniciativas elaboradas durante meses por Bruselas, en gran parte modernizaciones y revisiones de normas ya existentes, son las entrañas de esas aspiraciones verdes en un periplo hacia la sostenibilidad que requerirá grandes esfuerzos, pero que también aportará retornos y beneficios, según aseguró el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, en un alegato de solidaridad con las generaciones futuras.

Con este paquete, el Ejecutivo comunitario no solo pretende reducir las emisiones, sino que busca transformar gradualmente la sociedad en su conjunto y generar un crecimiento económico más sostenible. Se persigue, entre otras metas, reducir la dependencia energética de la UE, que gasta unos 27.500 millones de euros al mes en importaciones, y en particular de combustibles fósiles.

Las propuestas, articuladas en centenares de documentos, tendrán que negociarse ahora con los Estados miembros, representados en el Consejo, y con el Parlamento Europeo. Estas son algunas de las que tienen más impacto.

Automoción

La Comisión propone que en 2030 los nuevos vehículos emitan entre un 60% y un 90% menos de gases contaminantes que a día de hoy y que ya en 2035 no se venda ningún coche o furgoneta de combustión dentro de las fronteras comunitarias. Para ello, fomentará los modelos eléctricos y los de hidrógeno gracias a la fabricación de no menos de tres millones de surtidores eléctricos de acceso público para 2030, entre otras medidas.

“El 20 % de nuestras emisiones sigue procediendo de nuestras carreteras”, declaró la comisaria europea de Transporte, Adina Valean, en la presentación de la gran propuesta legislativa.

Aunque se hará una revisión general del plan en 2028, no se esperan cambios hasta el final de la década para dar tiempo a la industria a adaptarse a la transición. Y aunque los coches de combustión podrán seguir utilizándose, Bruselas cuenta con que la flota que incluye a estos modelos se reemplace completamente para 2050, fecha en que todo el sector del transporte debería de haber reducido sus emisiones en un 95%. Desde la Comisión, han reiterado fuentes europeas, aseguran que la política climática no desindustrializará Europa, que tendrá tiempo de adaptarse a este nuevo marco.

Transporte

Más allá de los coches y combustibles, según la propuesta, la aviación comercial tendrá que ir mezclando progresivamente biocombustibles con el queroseno, carburante que tendrá un nuevo impuesto, y todos los barcos que atraquen en puertos comunitarios tendrán que usar combustibles menos contaminantes. Entre otras medidas, para animar al uso de combustibles menos dañinos con el medio ambiente, Bruselas incentivará el uso de combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) en el sector aéreo mediante la exención de impuesto, beneficiándose de un tipo impositivo mínimo cero.

Carbono en frontera

El plan incluye medidas para evitar una “fuga de CO2”, la forma técnica por la que los expertos se refieren al fenómeno en el que las empresas europeas más contaminantes podrían desplazar su producción (por ejemplo de aceros, cemento o aluminio) hacia países cercanos que tengan acuerdos comerciales con la UE pero que sean menos estrictos en sus normativas medioambientales.

Esta herramienta, que puede colisionar con las normas de la Organización Mundial del Comercio, pretende en definitiva evitar que las industrias comunitarias se deslocalicen a países con normas más suaves, pero también salvaguardar los intereses de las empresas comunitarias.

Para ello, Bruselas propone también un novedoso mecanismo para gravar en las fronteras de la UE aquellos productos hechos fuera cuya fabricación genere más CO2 del permitido. Este impuesto especial ha sido diseñado principalmente para evitar que otros países menos exigentes con los estándares medioambientales puedan beneficiarse de un mercado como el europeo, con más de 400 millones de consumidores.

Bruselas aseguró que esta herramienta, abiertamente criticada por socios como Estados Unidos, evitará a toda costa caer en el proteccionismo. Con todo, el Ejecutivo comunitario confía en que cunda el ejemplo alrededor de todo el mundo y que el nuevo paquete sea replicado en otros mercados.

Precio al CO2

Se reformará, según el paquete elaborado por el Ejecutivo comunitario, el sistema de comercio de emisiones (ETS) lanzado en 2005, que pone precio al CO2 liberado y afecta a unas 10.000 instalaciones de consumo intensivo de energía y cubre en torno al 40% de los gases de efecto invernadero de la UE.

El nuevo ETS abarcará el transporte por carretera y el gasto energético de los edificios y generará fondos para ayudar a los hogares en riesgo de pobreza energética. En esta línea, el plan incluye la creación de un fondo con 70.000 millones de euros en 10 años que ayude a los hogares humildes y que tienen problemas para costear la calefacción. De este fondo especial, unos 7.600 millones irían para España, según la propuesta.

A su vez, se pretende incitar a los productores de energía a elegir tecnologías menos contaminantes en lugar de pagar un precio por tonelada de CO2 emitida, que se irá encareciendo, y se espera que la reforma del ETS impulse también la eficiencia energética de los edificios, que tendrán además objetivos más estrictos.

Renovables

Las energías renovables son la gran baza para reducir la dependencia energética de la UE en las importaciones de combustibles fósiles. Del actual objetivo del 32% de renovable en el consumo final bruto de la UE en 2030 se pasará a cerca del 40%. Será, además, un objetivo legalmente vinculante para los países, que de media sitúan el peso de las renovables en el 20%.

“La economía de los combustibles fósiles ha llegado a sus límites”, dijo Ursula von der Leyen. “Queremos dejar a la próxima generación un planeta saludable y también buenos empleos y un crecimiento que no dañe a la naturaleza. Las metas climáticas ya no son solo un objetivo político, sino también una obligación legal”.

Fiscalidad

En el plan, la Comisión Europea también lanza la idea de reformar por completo los parámetros fiscales con los que se rige el sector energético dentro de la UE. El objetivo es que aquellos combustibles más contaminantes, como el diésel o la gasolina (sobre todo si se destinan al transporte) se graven en mayor medida que otras alternativas más sostenibles como los biocombustibles u otros combustibles renovables como el hidrógeno. Así, según el plan de Bruselas, los combustibles fósiles convencionales como el gasóleo y la gasolina, así como los biocombustibles no sostenibles, estarán sujetos a la tarifa mínima más alta de 10,75 euros por gigajulio cuando se utilicen como combustible de motor, y 0,9 euros cuando se destinen a la calefacción. La tarifa mínima más baja, por su parte, será de 0,15 euros en el caso de la electricidad, independientemente de su uso, y de los biocombustibles y biogás sostenibles avanzados, así como de los combustibles renovables de origen no biológico como el hidrógeno renovable. Entre estos dos extremos habrá diferentes tasas en función del tipo de combustible y el uso, pero a grandes rasgos la diferencia del gravamen entre las alternativas más y menos contaminantes será de más de 70 veces.

Las nuevas normas, explicó Bruselas en un comunicado, tienen como objetivo abordar los efectos nocivos de la competencia fiscal sobre la energía, ayudando a que los Estados miembros “obtengan ingresos de impuestos ecológicos menos perjudiciales para el crecimiento que los impuestos sobre el trabajo”. También eliminarán las exenciones e incentivos obsoletos para el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, en el transporte aéreo y marítimo de la UE, al tiempo que se promueven las tecnologías limpias. En la propuesta, la Comisión carga duramente contra una “amplia gama de exenciones y reducciones nacionales” que a día de hoy favorecen de facto el uso de combustibles fósiles en la UE, al tiempo que contribuyen a la fragmentación del mercado único.

Fuente: Cinco Días